El Ministerio de Ambiente y el Ministerio de Transporte de Colombia han preparado una nueva política que exigirá que la construcción de carreteras en el país siga criterios ambientales sostenibles. El propósito es asegurar que estas obras promuevan el desarrollo social y, al mismo tiempo, beneficien al medio ambiente.
¿Qué implica esta política?
Básicamente, establece una serie de acciones que los proyectos viales deben seguir para manejar adecuadamente y reducir su impacto en el medio ambiente. Esto incluye evitar, minimizar, corregir y compensar cualquier daño significativo que puedan causar. Este enfoque, conocido como ‘jerarquía de mitigación’, se aplicará desde la planificación hasta la finalización de los proyectos.
Entre las medidas específicas que se implementarán están el uso de técnicas de ingeniería verde, realización de evaluaciones ambientales, inclusión de modos de transporte alternativos, análisis de los ecosistemas afectados, diseño de corredores para la fauna y compensaciones por daños ambientales. También se busca garantizar la participación comunitaria y la correcta gestión de aguas para evitar afectar ríos y lagos.
Esta iniciativa fue desarrollada con la ayuda del Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF) y la Fundación para la Conservación y el Desarrollo (FCDS) en 2020, con un enfoque innovador que coloca la conservación de la biodiversidad como una prioridad en la construcción de infraestructura vial.
Estas prácticas ahora deberán integrarse en todos los proyectos de infraestructura vial del país, reforzando el compromiso de Colombia con el Marco Global de Biodiversidad Kunming-Montreal establecido en la COP15, que busca revertir la pérdida de especies.
Al respecto, Ximena Barrera, directora de Relaciones de Gobierno y Asuntos Internacionales de WWF Colombia, señala que la construcción de carreteras, junto con otros factores como la expansión agrícola y el comercio ilegal de madera, son causas principales de la deforestación en Colombia, la cual ocurre principalmente cerca de las carreteras.
Esta política se puso a prueba por primera vez en un proyecto piloto en la Amazonía colombiana, considerada una de las áreas más sensibles del país desde el punto de vista ambiental y social.
Vía: El Espectador.
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